El Estado debe brindar garantías a la inversión y el trabajo, “lo cual nunca podrá ser posible mientras haya un solo caso de invasión”, afirmó el Dr. Torales. (Foto: Diario La Nación).
El Estado paraguayo está ante la obligación inminente de reencauzar el Estado de Derecho violentado en la estancia Pindó por parte de invasores que no solo se instalaron de forma brutal en la propiedad ajena sino desarrollan un abanico de actividades ilícitas e incluso criminales en la absoluta impunidad, denunció el Dr. Diego Torales, directivo de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
“El Estado tiene que hacerse cargo de su irresponsabilidad de permitir que se haya formado incluso una población en una propiedad privada, en clara violación a leyes explícitas que garantizan la tierra propia debidamente documentada, como es el caso de Pindó, y castiga con severas penas a los transgresores”, afirmó el abogado.
Abordado por La Mira, criticó a las instituciones encargadas de velar por la seguridad jurídica de la República, y en ese sentido expuso una serie de consideraciones que enmarcan, o deberían regir, el Estado de Derecho en un país que se precia de ser democrático y representativo.
“Estamos ante una situación límite de violencia contra el Estado de Derecho consagrado por la Constitución Nacional”, disparó el Dr. Torales, tras señalar la imperiosa necesidad de que en el próximo gobierno que se avecina las instituciones funcionen y hagan cumplir las leyes, en este caso el abanico de ordenamientos y principios jurídicos que garantizan la propiedad privada y que son impunemente violados no solo en Pindó sino en otras 80 propiedades privadas invadidas u ocupadas dentro del territorio nacional.
“En todos los casos, la ARP mantiene firme su promesa de enarbolar la bandera de la propiedad privada como garantía del Estado de Derecho y la seguridad jurídica de la Nación”, recalcó el directivo pecuario, tras destacar la importancia de que el Estado brinde garantías a la inversión y el trabajo, “lo cual nunca podrá ser posible mientras haya un solo caso de invasión”, alegó.
El establecimiento Pindó está ubicado en el distrito de Yvyrarobaná, departamento de Canindeyú, unos 340 kilómetros al Este de Asunción.
En ese lugar están instaladas por la fuerza más de 200 familias provenientes de carpas campesinas aliadas a la izquierda luguista, según reconocieron en su momento líderes de la comunidad ilegal bautizada como “Asentamiento Yoayú”, que se da el lujo de asociarse en cooperativa, instalar sus propias “autoridades”, establecer un esquema de servidumbre y esclavitud, y dictar sus propias “leyes” al más puro estilo de una dictadura o bastión anárquico.
Con el paso del tiempo, y alentados por la inacción del Estado y del mismo gobierno, los falsos campesinos sin tierra devenidos en ágiles recaudadores convirtieron la propiedad privada en un bastión de actividades ilegales como la producción de drogas, el abigeato y la depredación descomunal de la valiosa reserva de bosque virgen, procediendo a producir madera fina a través de aserraderos furtivos multiplicados como hongos ante la vista gorda del Ministerio Público y la Policía.
Hasta el momento el ecocidio ha afectado a 2.000 hectáreas, y de acuerdo a los datos la actividad depredadora que atenta contra el medio ambiente continúa sin pausas, en medio de los reclamos de los legítimos propietarios y el ninguneo del Estado, que por su inacción se convierte en aliado de los criminales invasores y enemigo del Estado de Derecho.
Conocidos agitadores devenidos en senadores, entre ellos Hugo Richer, Pedro Santacruz y Sixto Pereira, fueron filmados en la propiedad privada Pindó haciendo arengas revolucionarias a los invasores, e “invitándoles” a continuar con la “lucha” de invadir tierras ajenas en la seguridad de que van a tener apoyo y acompañamiento desde la Cámara Alta.
Esta abierta apología a la violencia continúa impune, mientras los culpables hacen electoralismo por el rekutú y los invasores cantan victoria burlándose del Estado ausente.