La investigación fiscal probó que Aguayo participó del robo de los millonarios fondos para productores pobres, pero la justicia hizo su parte para llevar la causa al opareí blanqueando al Indert y a una ONG.
Un caso de rapiñaje seriado de al menos 4.000 millones de guaraníes de dinero de la gente quedó en el opareí luego de que la justicia paraguaya declarara prescripta la causa tras haberse agotado los plazos procesales como resultado de casi 3 años de “pelea” de los acusados por liberarse de la cárcel, entre ellos el conocido dirigente campesino Luis Aguayo, el mismo que se hizo rico disparando a quemarropa contra los “burgueses” y con apoyo mediático amigo se declaraba víctima de la pobreza por acción y omisión del “sistema”, en una retórica típica de zurdos sin trabajo honesto conocido.
El tema pasó desapercibido en el ámbito judicial, acostumbrado a este tipo de impunidades con la ayuda estratégica del particular esquema de “imparcialidad” de la justicia paraguaya, siempre arrodillada a los intereses del poder, que en este caso involucra no solo a funcionarios corruptos sino a la dirigencia campesina, que no se ha pronunciado sobre el blanqueo de su principal líder como sí lo hace con estruendo contra inversionistas, productores y autoridades que operan en la legalidad.
El Indert es una institución al servicio de la reforma y el desarrollo rural donde se han turnado en los cargos de relevancia directivos venales sometidos por el sabor del dinero fácil.
Por el lado de la dirigencia campesina, también se trata de una práctica corrupta que no sorprende porque la mayoría de los líderes tiene frondoso prontuario de transas y negociados con gobiernos y autoridades de turno, especialmente con el Indert, donde está empotrada la flor y nata del tráfico de tierras.
En el caso que involucra a Aguayo y cómplices, quedó demostrada en juicio la culpabilidad de los principales acusados, entre ellos los representantes de la Fundación Nación Guaraní, Ronald Guerrero y Armando Báez, a más de líderes de la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (María Ester Leiva y Gilberto Ruiz) y autoridades del Indert (Sergio Ortega, Eulalia Cardozo e Irma Piñánez), quienes fueron condenados a penas de entre 2 y 10 años de prisión, pero ahora están libres.
Mientras esto ocurre con la suma de impunidades de la justicia paraguaya, millares de campesinos pobres no comprometidos con la mafia dirigencial claman por un pedazo de tierra propia y “ayudomí” para sortear el pan diario, peleando una lucha aparte con el sinsabor de tener que recibir cada cierto tiempo falsos positivos sobre programas con fondos multimillonarios de asistencia integral que, en la mayoría de los casos, terminan en los bolsillos de rapiñeros institucionalizados.
El presidente electo Santiago Peña prometió depurar la impresionante lista de ONGs que operan en Paraguay con soporte presupuestario público debido a denuncias de que la mayoría de ellas no tiene función específica más que disparar veneno contra los que trabajan y embolsándose salarios de primer mundo más un abanico de privilegios a cambio de nada.