Una vez más, agentes especiales antinarcóticos llegan tarde a la intervención, que arroja toneladas de incautaciones de droga pero ningún detenido, según la crónica oficial de los operativos.
En el marco de la “Operación Basalto II”, que llevan a cabo de forma conjunta instituciones de lucha contra la inseguridad y el terrorismo como CODI y la FTC, con apoyo de varios grupos operativos, entre ellas la Senad, realizaron 11 días de acciones relacionadas al descubrimiento y destrucción de cultivos ilícitos de marihuana en zonas de influencia de grupos criminales que operan entre los norteños departamentos de Amambay y Concepción que, junto con los departamentos de San Pedro y Canindeyú, configuran las regiones de mayor producción y tráfico de droga en el Paraguay.
De acuerdo a datos de la Secretaría Nacional Antidrogas, se estima que en la reciente incursión en los centros de producción lograron anular la circulación de 359 toneladas de droga.
Entre la distribución de labores por equipo operativo se encontraba la localización de campamentos, patrullajes y tareas de inteligencia.
En conjunto, todo el despliegue abarcó la eliminación de 114 hectáreas de cultivo ilícito, 43 campamentos fueron desmantelados y los intervinientes también hallaron escondidos en los montes más de 17.000 kilos de marihuana lista.
En términos financieros, el Operativo Basalto, realizado por Brasil y Paraguay, significó un daño de alrededor de 10,7 millones de dólares a la mafia del narcotráfico.
“Se espera que este tipo de alianzas sea cada vez más frecuente con el fin de aumentar la dinámica de trabajo de las fuerzas nacionales como respuesta a la constante amenaza del crimen organizado en zonas de cultivos ilícitos”, señala el informe de la Senad.
Como es habitual, la institución antinarcótica nacional no da a conocer nombres ni datos que puedan confirmar la existencia de detenidos, a pesar del enorme despliegue operativo que, seguramente, requiere la intervención de investigadores y personal capacitado bien pagado, dotados de equipos especiales y entrenados supuestamente para rastrear, perseguir y detener a sospechosos de narcotráfico, incluso en las mismas zonas de producción.