Querían eliminar a Cartes de la vida política y manipularon a placer instituciones públicas relevantes para la propia seguridad del país, afirma tajante el abogado del expresidente tras presentar el escrito que genera terremoto político y jurídico. (Foto: Diario HOY).
Con mucho silencio a nivel oficial y en medios abdistas especialmente se maneja en la justicia la denuncia del expresidente Horacio Cartes sobre persecución política y un abanico de posibles delitos vinculantes cometidos contra su persona y familia durante la reciente campaña electoral según el escrito presentado por el abogado Pedro Ovelar que es motivo de comentarios de variado calibre por el tenor de su contenido y especialmente por los señalados en voz baja como culpables.
A nivel ciudadano, la gente hace apuestas por nombres que seguramente van a figurar en la amplia lista de acusados de participar, según la denuncia, en un electoralismo puntualmente agresivo, cruel, perverso y violento desde que se supo que Cartes iría a por la titularidad de la ANR y un candidato del movimiento pugnaría por la presidencia de la República.
Mientras el “¿seré yo, Señor?” que replica la mítica frase de los tiempos bíblicos retumba en trastiendas pos-electorales vinculadas a sectores políticos, empresariales y mediáticos, el abogado de Cartes apresta artillería jurídica pesada para poner a disposición de la ley a personas físicas y jurídicas que, según entiende, han participado en grado protagónico del brutal electoralismo.
“Querían eliminar a cualquier costo al Partido Colorado y sacar de en medio al expresidente Cartes, y para ello recurrieron a métodos inimaginables en cualquier democracia”, disparó el representante legal ante la prensa ávida por primicias en el sector cartista, una situación totalmente opuesta a tiempos electorales recientes cuando los medios “independientes” hacían vito con la honorabilidad y la dignidad de las personas, especialmente Cartes y su familia, y pasaban de largo cualquier posibilidad de rectificación.
Al nombre de Mario Abdo Benítez le siguen en lista de posibles acusados de la perversión electoralista reciente otros jerarcas de su entorno inmediato, exministros como Arnaldo Giuzzio y Carlos Arregui, la exsenadora Desiré Masi, senadores de la talla de Oscar “Cachito” Salomón, Lilian Samaniego y Juan Afara; diputados, electos senadores como Kattya González y Celeste Amarilla, e incluso dueños de los principales holdings mediáticos que se precian de independientes pero oficiaron de verdaderos brazos ejecutores de la crueldad proselitista que abarcó difamaciones, calumnias, injurias, desprestigios, insultos de grado sumo, denigración y perversidad, entre otras acusaciones, con el acompañamiento de ministros del Poder Ejecutivo, titulares de entes estatales, ONGs y una amplia gama de encubridores que, según los datos, serían alcanzados por las denuncias.
El documento de denuncia presentado ante la Fiscalía señala explícitamente los presuntos delitos de denuncia falsa, simulación de hecho punible, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas.