El ministro de Justicia trata de explicar sobre el asalto en Itapúa y pone en entredicho la versión policial, lo que ha generado una mini crisis de poder en medio de críticas sobre el nuevo golpe a la seguridad nacional.
Con el correr de los días surgen versiones encontradas acerca de responsabilidades en el brutal asalto a un camión de caudales de la empresa Prosegur en la zona de General Delgado, departamento de Itapúa el pasado martes, por lo que urge investigar a fondo evidencias y documentos que conduzcan a esclarecer los hechos y establecer las sanciones que correspondan.
Un intenso pimponeo se realiza estos días en ámbitos del Ministerio de Justicia y de la Policía Nacional con relación a los hechos que derivaron en dos funcionarios de Prosegur heridos y un asaltante fallecido, a más de varios millones de dólares robados y otros tantos millones esparcidos por el suelo como secuela de la brutal explosión del camión a plena luz del día y ante los ojos atónitos de ocasionales vehiculistas y vecinos.
El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, asegura ante medios de prensa que el mismo no ha recibido el informe de investigadores policiales que alertaban sobre la posibilidad de un atraco de grandes dimensiones tras analizar movimientos sospechosos dentro del penal de máxima seguridad Cereso ubicado en la jurisdicción de Encarnación, la capital de Itapúa, unos 365 kilómetros al sur de Asunción.
“Lo que supimos es que se trata de un informe informal manejado entre funcionarios policiales a nivel de redes sociales, por lo cual no tomamos los recaudos correspondientes”, afirmó Barchini en medio de dudas y críticas de la ciudadanía que hace tiempo cuestiona la gestión del secretario de Estado que comenzó con el pie izquierdo tras nombrar directores del penal de Emboscada a dos funcionarios con maletas cargadas de denuncias de corrupción.
El ex embajador en Qatar que dejó su cargo diplomático para presentarse a elecciones en Paraguay dijo que el mismo está impedido legalmente de hacer casos de chismes y que, en todo caso, la Policía conoce los mecanismos de manejo oficial de notas e informes que, en este caso, según remarcó, no se han cumplido.
La versión del ministro es tangencialmente opuesta a afirmaciones de la Policía Nacional, específicamente del propio director del Departamento del Crimen Organizado, comisario Luis López, quien develó públicamente la calidad del informe surgido en el ámbito de su competencia.
“El informe se realizó en base a investigaciones serias y responsables por parte de personal adiestrado, y presentado a consideración de la superioridad como es norma en este tipo de casos”, señaló el alto jefe policial, poniendo en entredicho lo afirmado por su propio jefe e instalando con ello una crisis de poder.
Mientras esto ocurre en ámbitos oficiales, la ciudadanía busca conocer la verdad de los hechos, mucho más allá que los exhibidos por resultados puntuales surgidos de las intervenciones policiales, entre ellos la detención de uno de los presuntos asaltantes y, esencialmente, detalles referentes a la organización del golpe y los responsables de la falta de acción oportuna para evitar el nuevo caso de inseguridad que pone contra las cuerdas al propio ministro de la cartera de Justicia, tempranamente debilitado por una sucesión de hechos que han instalado críticas de variado calibre contra su gestión.