Las autoridades cordilleranas ningunean los reclamos de la gente para imprimir aceleración al repudiado proyecto de un empresario efrainista y cómplices abdistas. «Estamos en grave peligro», advierten indignados sociales.
El gobernador del departamento de Cordillera, Denis Lichi (colorado abdista) es acusado por pobladores de la ciudad de Arroyos y Esteros de traicionar a sus propios compueblanos al autorizar entre cuatro paredes la construcción de un vertedero de enormes dimensiones en un predio de 172 hectáreas ubicado en la jurisdicción de la compañía Mainumby.
Según los datos, el proyecto de tratamiento de residuos sólidos pone en peligro la rica área protegida del sector, integrada por generosos humedales, río, arroyos, lagunas, nacientes, a más de un medio ambiente único poblado por incontables especies de aves, más vegetación abundante y sitios de saludable esparcimiento.
La obra es resistida por la población arroyense, que ve apeligrar el futuro de la ciudad tras convertirse en urbe nauseabunda, como producto del ambiente contaminado.
“Eso es lo que sucederá con este enorme depósito de inmundicia, por eso nos hemos levantado en rebeldía contra la traidora autorización del gobernador y del intendente de Arroyos y Esteros, José Filippi Vera”, afirmó el indignado Arturo Benegas durante el acto de manifestación ciudadana realizada el lunes pasado frente al local comunal, que fue tomada por unas horas en señal de protesta y en reclamo de reivindicación de los intereses de la gente.
El gobernador Lichi, nacido en Arroyos y Esteros, hasta ahora no ha dado la cara ni se ha manifestado por otros medios para explicar a sus compueblanos acerca del resistido proyecto y, en cambio, se ha mantenido herméticamente callado al igual que su amigo y correligionario abdista José Filippi Vera, quien no solo se niega a informar sobre el negociado sino violó una resolución de la Junta Municipal que le requería información puntual y ordene la inmediata suspensión de las obras.
Según los informes, al menos 8 de los 12 concejales se oponen al desembarco de la empresa de basuras El Farol, que sería propiedad del millonario liberal efrainista Blas Lanzoni.
Lichi se ha desempeñado como alta autoridad en el pasado gobierno de Mario Abdo Benítez y en su carácter de presidente de la monopólica Petropar ha acumulado denuncias de rapiñaje de variado calibre que, según fuentes cercanas al mismo, habrían sido utilizadas en parte para financiar su campaña política en el departamento de Cordillera.