La comisión antilavado sospecha que «Alma Cívica», de los esposos Defelippe-Núñez, así como centenares de ONGs «sin fines de lucro», acusan manejos irregulares de los millones que reciben. La caza de brujas motiva alaridos lastimeros de libero-zurdos, abdistas y medios amigos.
La Comisión Bicameral del Congreso paraguayo conformada explícitamente para investigar el lavado de dinero, incluidas las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y su vínculo con asuntos político-partidarios, inició su trabajo en medio de alaridos de lamento y reproche de sectores directamente comprometidos con la alianza líbero-zurda y el abdismo que en las pasadas elecciones cosechó una derrota histórica, a pesar de aunar filas en torno al globalismo que, entre otros puntos, defiende el aborto y la degeneración sexual, y busca la desintegración de la familia normal conformada por padre, madre e hijos a través de un proyecto liberticida condenado por el cristianismo.
De acuerdo a datos que maneja la comisión antilavado, una cantidad considerable de ONGs reciben millones del extranjero y, en la pasada campaña proselitista, destinaron sumas importantes para financiar el electoralismo globalista.
El principal motivo que impulsó a los defensores de la infame Agenda 2030 a estrechar filas en torno a un mal común consistió en sacar del ruedo político al movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente de la República Horacio Cartes, quien defendía a capa y espada la figura de la familia como fundamento del cristianismo y de la sociedad y, por tanto, el enemigo número 1 a vencer.
A pesar de la catastrófica derrota de los progresistas conocidos como “progres”, lejos de dejar de lado el electoralismo y ponerse a trabajar en serio y sin más propaganda en favor de los “comunes”, como alegan en sus cartas de presentación, los partidos, movimientos y holdings mediáticos continúan en plena campaña política, en este caso disparando munición gruesa contra todo lo que significa oficialismo, cartismo o Partido Colorado, pasando por alto el desastre en que dejó el país el amigo común llamado Mario Abdo Benítez.
Marito había conformado una formidable estructura de persecución política contra el cartismo mediante el uso discrecional de siderales fondos públicos para adjudicar licitaciones direccionadas y repartir sumas estratosféricas a los medios aliados en publicidad estatal, entre otras dádivas, bajo el eslogan “todos ganamos”.
Las ONGs tuvieron su parte con la impunidad, pasando por alto sus obligaciones de declarar el origen de los fondos que reciben, así como el destino de sus millones y las personas, organizaciones o instancias supuestamente beneficiadas.
Los informes que tiene entre manos la comisión antilavado aluden a que Paraguay está colapsado por un total aproximado de 12.000 ONGs, de los cuales alrededor de la mitad recibe millones del exterior que no son declarados como establece la Ley de Transparencia, con la excusa de que se trata de organismos privados y no públicos.
“Alma Cívica”, de los reprochados esposos Soledad Núñez y Bruno Defelippe, fue instalada por la comisión antilavado como usina de sospechas con una decena de puntos de investigación sobre manejos irregulares de miles de millones de guaraníes no declarados y con destinos espurios o poco claros.
En la misma bolsa estarían otros centenares de organizaciones supuestamente sin fines de lucro, a pesar de la vida de reyes que llevan sus directivos o responsables, aviesamente negados, omitidos o ignorados por los anticartistas, entre ellos los medios periodísticos aliados, que tratan desesperadamente de instalarse en el colectivo público bajo el estatus de “víctimas políticas”, para continuar con los festines y la impunidad.