El diario La Nación sacó a luz los trapos sucios de una ONG supuestamente dedicada a lucrar con los millones recibidos del exterior, que se niega a transparentar con documentos. Organizaciones «sin fines de lucro» como esta pululan en Paraguay, según legisladores.
En el Paraguay están registradas nada menos que 12.000 organizaciones no gubernamentales (ONGs) dedicadas en los papeles a actividades relacionadas con el bienestar de la gente a través de servicios públicos eficientes y transparentes, y la diagramación de políticas públicas justas, inclusivas y abarcantes.
De esa enorme y posiblemente innecesaria cantidad de oenegés, al menos la mitad (unos 6.000) adolecen de documentaciones obligatorias para operar como entidades sin fines de lucro y, fundamentalmente, ajenas a funciones explícitas del Estado paraguayo con la prohibición expresa de participación e involucramiento en actividades político partidarias y electoralismo.
Existen evidencias, testimonios y pruebas hasta el cansancio acerca de funciones fuera de la ley realizadas por ONGs durante los años, especialmente durante el electoralismo del 2023, cuando centenares de esos organismos se metieron hasta los tuétanos en actividades político-partidarias, colocándose todos ellos del lado de la oposición y el abdismo que apuntaban al cartismo como enemigo común al que había que sacar de en medio a como dé lugar.
Esta situación de anormalidad ilimitada fue uno de los motivos que apresuraron la creación de la llamada Comisión Antilavado del Congreso nacional, satanizada desde un primer momento por personeros de la alianza conformada para pulverizar al cartismo y, esencialmente, medios de prensa que se hacen llamar independientes, pero ofician de hurreros del globalismo líbero-zurdo y el amigo Marito, que jamás han sido puestos en tela de juicio a pesar de las barbaridades cometidas.
Los “amigos democráticos” no paran de disparar munición gruesa contra la Comisión en ítems específicos, entre ellos los pedidos de informes a bancos, a sabiendas de que ciertas entidades financieras de plaza están en el ojo de la investigación por posibles (documentadas) actividades ilícitas con el sello de la mafia del narcotráfico.
“Entre los muchos trabajos que tenemos por delante queremos esclarecer el punto de une con flecha de las ONGs que trabajan en política; dónde fueron a parar los millones que recibieron; quién o quiénes se beneficiaron; si sus actividades se enmarcan en la prohibición del financiamiento político desde el extranjero y, también, si están en violación de la ley de lavado (de activos y del tráfico de armas), sostiene el vicepresidente de la Comisión Antilavado, Gustavo Leite.
En el marco de la campaña de desprestigio y satanización, medios “independientes” aliados a la oposición coinciden en llamar a la Comisión Antilavado como “Comisión Garrote”, sin tener en cuenta antecedentes que involucran a los potentados dueños de estos holdings en actividades ilícitas variadas como el contrabando, e incluso en el crimen organizado con el posible lavado de dinero.