Foto facilitada por un personal de salud autorizado a acceder a la invasión, donde se observan restos de árboles extraídos a mansalva para distintos usos, mientras los troncos preciados van a parar impunes a prósperas madereras de la zona.

Árboles centenarios que pertenecen al patrimonio de la humanidad están desapareciendo a ritmo sostenido ante la mirada cómplice de intendentes, comisarías, fiscales y jueces de la zona de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, donde a diario los invasores de la estancia Pindó juegan una carrera contra el tiempo para depredar de forma inmisericorde los bosques nativos de valor inestimable, alcahueteados abiertamente por prósperas industrias madereras de la zona, que se han multiplicado como hongos ante la inacción cómplice del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenido (MADES), que en todo este tiempo no ha ensayado siquiera un proceso de intervención creíble que logre frenar el ecocidio rampante del lugar.

De acuerdo a datos extraoficiales (nadie puede entrar al lugar para medir con exactitud los daños y perjuicios por prohibición expresa de las patrullas campesinas que ofician al mismo tiempo de policías, fiscales y jueces), de las 2.500 hectáreas de bosque virgen que guardaba celosamente el lugar hace 8 años, cuando se inició el despojo, ahora solo quedan restos para la foto.

En contrapartida, el movimiento de camiones a todas horas del día es incesante con su carga de madera semielaborada, que irá a parar a los aserraderos y madereras de la extensa zona, donde voraces empresarios entran en el juego de la oferta y la demanda en defensa de sus intereses, poniendo en juego el futuro de los hijos y nietos del país.

Increíblemente, las decenas de organizaciones ambientalistas que pululan en ampulosas conferencias y congresos realizados cada año en salones vip, jamás han hecho acto de presencia ni se han molestado en tomar nota de la situación descrita por los medios para tratar de honrar sus cargos y salarios haciendo su trabajo.

Con su silencio, estas ONG se convierten en cómplices del sistema perverso de depredación irracional, limitándose ocasionalmente a “denunciar” eventos mediáticos que ponen en juego su “prestigio” de “salvadores del planeta”.

Propietarios de la estancia invadida afirmaron a La Mira que desde un primer momento después de la invasión en el 2012 denunciaron la tala masiva de árboles centenarios por parte de los campesinos organizados, sin que hayan recibido respuesta de ninguna institución ni entidad responsable de intervenir en estos hechos.

También han solicitado la intervención de las industrias madereras de Canindeyú para hacer la trazabilidad de los preciados troncos dispuestos en los aserraderos, pero en todos los casos no obtuvieron respuesta con frases repetidas hasta el cansancio, como “no tenemos medios”, “no hay personal suficiente”, “no tenemos combustible para las camionetas”, “necesitamos una orden”, “es muy peligroso entrar ahí”, y pretextos similares que enmarcan el nivel de irresponsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones públicas.

“A este ritmo, y encima con la ventaja de la pandemia donde las autoridades están recluidas en sus casas u oficinas, lo cual es aprovechado al máximo por los invasores para depredar, en poco tiempo más en lugar de árboles valiosos en el lugar solo veremos matorrales, o cultivos de marihuana, con todo lo que ello significará para la imagen del país en materia de inseguridad jurídica y atropello corporativo campante e impune del Estado de Derecho”, afirmó la abogada de Pindó, Margarita Colmán.

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