La foto de la FTC muestra a uno de los terroristas abatidos tendido en un escenario atípico con llanuras de escasa vegetación. Según los datos, el EPP se maneja en un ambiente de monte cerrado de difícil acceso por medios convencionales.
La ciudadanía crítica no termina de preguntarte con qué criterio o estrategia la Fuerza de Tarea Conjunta eliminó a tres componentes de número del ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tras un supuesto intercambio de disparos que no arrojó heridos en filas militares y desplegó, nuevamente, una ola de rumores con respecto a la calidad del servicio ofrecido por las fuerzas públicas de seguridad, que hace años están en tela de juicio por no ofrecer nada a cambio de millones de dólares de presupuesto.
La gente se pregunta si matar guerrilleros es tan efectivo como procurar la libertad de los tres compatriotas secuestrados en poder del grupo armado (Oscar Denis, Félix Urbieta y Edelio Morínigo), cuya seguridad, más que nunca, está en grave riesgo.
“¿Qué necesidad tenían de matar?”, expresa en su sitio social Lidio Abel Medina, tras opinar como militar retirado que, teniendo la responsabilidad de rescatar a tres secuestrados, lo peor que tuvo que haber realizado la FTC es eliminar a miembros del grupo armado, a sabiendas de que, en la eventualidad, quienes en primer lugar pagarán las consecuencias serían los propios cautivos.
“El manual de instrucciones de combate es claro para cualquiera que haya realizado su servicio militar obligatorio, en el sentido de que, en este caso específico, debería haberse priorizado la vida de los cautivos antes que precipitarse a disparar a matar, como de hecho ocurrió. Me pregunto ahora qué trato le dará el EPP a los secuestrados, después de haber sido heridos en su orgullo con la muerte de tres de sus miembros”, señaló nuestra fuente.
Los integrantes del EPP abatidos fueron identificados como Lucio Silva, Esteban Marín López y Ricardo Argüello, considerados criminales altamente peligrosos y con frondosos antecedentes.
De entre ellos, Lucio Silva arrastra nada menos que 15 órdenes de captura por crímenes graves como asesinatos, secuestros, asociación terrorista y un rosario de delitos conexos, entre ellos ataques a establecimientos productivos en el norte, quema de maquinarias e incluso ejecución de humildes trabajadores de estancia.
Para la mitad de la ciudadanía, la actuación de la polémica FTC se produjo en un momento altamente sensible para su comandante, el presidente de la República Mario Abdo Benítez, fuertemente criticado por blindar los gastos de las binacionales para seguir el festival de derroches y corrupción con los fondos públicos, y privando a la gente de mejorar su desequilibrado nivel de vida.