El dolor del secuestro representado por familiares de Oscar Denis, el último de la lista de paraguayos en poder del EPP, que agranda su influencia en el norte al amparo de la impunidad y la ineficiencia de la fuerza de seguridad manejada por Marito.
La alargada ausencia en sus hogares de los secuestrados Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis constituye la muestra más palpable del fracaso del sistema de seguridad nacional en la lucha contra la guerrilla en Paraguay, representada por el ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuyo perfil se agranda y se expande en el norte del país bajo el respaldo de la impunidad y la falta de agallas de las tropas uniformadas para entrar al monte y proceder a la captura de sus miembros, que según los datos no supera 40 hombres y mujeres que presumen de pertenecer a una agrupación política-militar, aunque su accionar delata más bien un contorno criminal.
El EPP representa el dolor en Paraguay desde hace más de 15 años.
Durante todo este tiempo se ha enseñoreado del norte de la Región Oriental, donde mantiene instalada su base operativa escondida en los montes y en un radio que no supera los 50 kilómetros cuadrados cubiertos de tupida vegetación que les sirve de refugio.
Han pasado varias gestiones de Estado y de Gobierno, sin que alguno de ellos honrara la sagrada misión de defender a la patria ante la amenaza ideológica y el peligro de la población inocente, que cada tanto debe pagar con su vida el resultado de años y más años de insolvencia gubernativa, en este caso la seguridad de las personas, que caen dolorosamente bajo el fragor de la ineficiencia instalada en el seno del sistema de seguridad conocido como Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
A pesar de su declarada inutilidad, la FTC es premiada cada año con un presupuesto anual de 14 millones de dólares, casi el doble de lo recibe el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social.
A esta suma deben agregarse como valores añadidos las armas, equipos y logística de primer mundo, que finalmente no sirven para nada, salvo para multiplicar los ingresos de los jefes y una camada de cómplices instalados en el poder que prefieren mantener la pesada e inservible carga presupuestaria pagada por el pueblo para conservar y acrecentar poder y riqueza.
Los llantos lastimeros de familiares de los secuestrados, acompañados por plegarias ciudadanas, resuenan a lo largo y ancho del país.
Del otro lado, el gobierno responde con el silencio, y ocasionalmente con acciones calificadas de inoportunas y declaradamente inútiles, como el abatimiento de miembros de la banda armada que, lejos de atemorizar o hacer retroceder a los epepistas, les mantiene abroquelados y blindados en los montes, donde no se animan a ingresar los jefes militares y policiales por ser “muy peligrosos” para la seguridad de los soldados.
El principal culpable de este estado de cosas es el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien oficia de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien supuestamente es el que da o aprueba las órdenes de intervención de la FTC, con los resultados conocidos.
De esta manera, Marito inscribe su nombre entre los jefes de Estado incapaces de eliminar el minúsculo grupo de criminales que, de esta manera, mantiene intacto su poder criminal y ridiculiza a los gobernantes, que cada año deben apelar al bolsillo de los contribuyentes para costear ese enorme elefante blanco llamado FTC.