Invasores se reúnen en un sector depredado de la estancia Pindó. Legisladores oportunistas al servicio de una clientela cautiva sancionaron una ley que, con el pretexto del interés social, avala las invasiones y con ella la deforestación de valiosas reservas boscosas supuestamente protegidas.
Gremios vinculados a la producción agroganadera y cooperativas pusieron en tela de juicio la aprobación de una ley, por parte del Congreso de la nación, que con el pretexto de declarar “de interés social” la sangrienta invasión del establecimiento Morombí, específicamente el asentamiento campesino Marina Cué, aprueba la “legalización” de un parque nacional dotado de árboles nativos protegidos y en vías de extinción que están siendo talados de forma abierta e indiscriminada ante el silencio de instituciones y organizaciones ambientalistas.
“Un precedente nefasto se genera con esta expropiación, considerando que valida un modus operandi que, a partir de ahora, será una práctica admitida por los poderes del Estado: invadir reservas forestales y área protegidas, deforestar, instalar asentamientos y luego exigir la expropiación”, señala un comunicado firmado, entre otros, por la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Asociación Rural del Paraguay (ARP) y Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod).
Califica expresamente como “atropello” la invasión realizada en las tierras del establecimiento Morombí, escenario de la Masacre de Curuguaty, donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías en el 2012, lo cual dio pie a un juicio polemizado por sectores políticos ideológicos y organizaciones sociales que, según la contraparte jurídica, buscan “legalizar” un hecho punible (invasión, ocupación, violencia, depredación, etc.).
“No podemos dejar de expresar nuestro profundo rechazo (al proyecto de ley en cuestión), y exigimos que el presidente de la República, con el recurso del veto presidencial, cumpla con su papel asignado de ser, en última instancia, el resguardo institucional de la nación”, expresa el comunicado.
Los productores agremiados señalan que las áreas silvestres protegidas a perpetuidad constituyen una de las pocas herramientas que tiene el Estado para resguardar los espacios verdes, la biodiversidad y los pulmones del planeta.
Las leyes nacionales advierten con claridad que no serán considerados latifundios las fracciones de tierras destinadas a reserva forestal, y declaradas áreas silvestres protegidas, como es el caso de Marina cué, añade el documento.
Sostiene que, hace décadas, Paraguay sufre constantes invasiones de tierras que luego son expuestas a una deforestación masiva e irracional de alto impacto ambiental con el único fin de extraer madera para su comercialización.
“Las tierras que hoy buscan expropiar son la única posibilidad de recuperar la conexión entre las reservas Mbaracayú y Morombí, por lo que permitir que un asentamiento continúe en la zona es poner en riesgo una biodiversidad única en el mundo”, alega el comunicado.
Tras expresar que no se puede desconocer los profundos problemas sociales que representan los asentamientos, declaran que en ningún caso se pueden violar las leyes en nombre del interés social.
Se deben construir soluciones de fondo, para lo cual existen suficientes herramientas y recursos institucionales, puntualizan los productores agremiados del país.