Mientras el gobierno se pasa silvando y mira para otro lado, estos compatriotas permanecen olvidados y despreciados en poder del EPP. Los millones destinados para la seguridad pública se deslizan en habitáculos cerrados con 7 llaves. (Foto: Diario La Nación).

Cuando faltan pocos días para que termine un nuevo año, el gobierno nacional se mantiene absolutamente callado con respecto a la suerte de tres compatriotas que se mantienen secuestrados en poder del ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una agrupación de no más de 40 criminales que mantiene arrodillado a todo el país con el amparo de la impunidad prohijada por políticos empotrados en los círculos de poder, que no muestran un ápice de mea culpa por el caos imperante en la región.

El policía Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el ex vicepresidente de la República Oscar Denis son los compatriotas que permanecen cautivos en los montes norteños, desconociéndose cualquier dato que ayude a saber siquiera si se encuentran vivos.

Para hacer frente a la embestida terrorista fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta, una agrupación de elite integrada por militares y policías supuestamente adiestrada para dejar fuera de acción cualquier tipo de uso de la fuerza o poder de fuego contra la seguridad pública, pero en la práctica se ha demostrado con suficiencia que la FTC no sirve para los fines que fue creada, sino para succionar sin misericordia el presupuesto nacional y exponer al país, especialmente a trabajadores y gente de bien, al perverso esquema de mafia organizada con protección política.

Ni la Policía, ni los militares, ni la justicia tienen jurisdicción plena en el norte, con lo cual su desempeño se reduce a tareas vanas rodeadas de un campo minado donde no existe la fuerza del Estado para desbaratar cualquier intento de sublevación contra el orden instituido y garantizado por la Constitución Nacional.

Mares de lágrimas de familiares de los secuestrados y clamores seriales por la búsqueda y rescate de día y de noche han caído en saco roto.

Las autoridades nacionales responsables, en los papeles, de garantizar el orden público en todas sus formas, están embelesadas en otros menesteres como por ejemplo preparar el terreno para insaciables rekutú, mientras la ciudadanía expuesta a la violencia observa impotente cómo la paz de la República se apaga lentamente para dar paso a la mafia ramificada en los tres poderes del Estado.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como hijo mal nacido, solo ha traído infortunios desde el mismo momento que le asumieron como principal autoridad ejecutiva del país, y en todo este tiempo no ha acabado de acomodarse en su sillón presidencial para intentar ejercer su función de estadista, sino oficia de buen proveedor para los amigos y tira a los leones al pueblo empobrecido.

En medio de esta anarquía de gobierno, no cabe esperar mejor suerte para los secuestrados, quienes permanecen sí en el corazón de la gente como víctimas propiciatorias de antipatriotas a quienes, seguramente, este 8 de diciembre se les verá en Caacupé en posición de fieles consagrados cuando, en realidad, Dios y el pueblo hace tiempo se los demandan.

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