Tanquetas utilizadas por la FTC como parte del armamento moderno dispuesto para la lucha contra el EPP en el norte. En la práctica, la tecnología de guerra y los millones de presupuesto de nada sirven porque continúa campante la inseguridad. (Foto: Base 6).

Cada cierto tiempo la ciudadanía recobra memoria y rechaza la inoperancia del gobierno de Abdo Benítez, en este caso en materia de seguridad, con un país sumergido en la violencia y la falta de intervención efectiva de las fuerzas de seguridad pública para arruinar a los grupos criminales que operan campantes en el norte del país, específicamente el ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que se mantiene impune desde hace dos décadas.

Como toda respuesta, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) señala que están haciendo esfuerzos conjuntos con el sector civil para georreferenciar el radio de acción de los criminales como paso previo para la reclamada detención o eliminación de quienes acuden al terror para reivindicar oscuros reclamos, entre ellos la toma del poder para el pueblo y otros argumentos extraídos del libreto socialista.

La FTC está integrada supuestamente por soldados (policías y militares) de élite, que le cuestan al país 15 millones de dólares por año.

A pesar de contar -según afirman- con armamento, equipos y logística de primer mundo, en la práctica no se ven los resultados, sino pretextos que evidencian el fracaso en la supuesta lucha contra las organizaciones criminales, que incluye el narcotráfico y su extendida ramificación de actividades ilegales paralelas o vinculantes.

En una práctica repetida, cada cierto tiempo el EPP asesta duros golpes a productores o gente inocente, y a la misma FTC, pero estos ataques no generan reacciones serias, oportunas y contundentes que lleven a pensar que existe una hoja de ruta oficial para eliminar no solo al EPP sino a otras organizaciones del crimen que operan en la región.

El hecho de que existan tres secuestrados (Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis) en manos de los terroristas, configura una prueba lamentable de la ausencia de poder de acción de la FTC para hacer frente a una amenaza latente que se ha convertido en un azote.

Mientras todo esto ocurre a 4 horas de Asunción, el gobierno se mantiene de brazos cruzados sin responder al clamor de los afectados y de todo el país, instalando en la práctica otro tipo de prioridades, como la carrera electoral, que se presenta reñida y violenta.

De hecho, el presidente de la República -quien oficia también como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la FTC- ha prometido varias veces en ampulosas ruedas de prensa exterminar al EPP, pero a falta de un año para el término de su gestión de gobierno nada hace presagiar que va a cumplir su promesa, con lo cual el país está a disposición de la delincuencia, la criminalidad y el terrorismo.

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