Comentarista: Rafael Marcial Montiel
La violencia a través del uso y abuso de la fuerza pública contra los manifestantes frente al Congreso de la Nación constituye una extralimitación de poder que nos recuerda a la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner, cuando policías, soplones (pyragué) y torturadores reprimían a civiles y contestatarios que intentaban protestar contra las acciones ilegales del régimen militar.
La golpiza que la ciudadanía ha presenciado el pasado martes de 12 de diciembre demuestra que el Gobierno de Santiago Peña va a utilizar la fuerza del orden con todo su aparato para reprimir y desoír la voz del pueblo.
La violencia desmedida contra los manifestantes es un atropello al legítimo derecho constitucional que tiene la ciudadanía de movilizarse y exigir a sus representantes cumplir con el deber de legislar en favor del país.
En este caso, Santiago Peña y la aplanadora colorada cartista y libero-cartista no escucharon los reclamos de los obispos del Paraguay que durante toda la novena en honor a la Virgen de Caacupé pidieron no crear por ley la Superintendencia de fondos jubilatorios del IPS.
Durante la misa central del 8 de diciembre, monseñor Ricardo Valenzuela señaló que los fondos jubilatorios del IPS deben permanecer cerrados, al tiempo de calificar de lacras a la corrupción y la impunidad que carcomen los cimientos de nuestra nación.
El obispo emérito de San Juan Bautista, Mons. Mario Melanio Medina, denunció que el mismo Estado adeuda sumas multimillonarias a la previsional y consideró ilógico dar el control del seguro social al gobierno, a través de la Superintendencia, para administrar la plata de los jubilados.
“El gobierno de Santiago Peña no debe apropiarse de los fondos jubilatorios, como pretende con la creación de la Superintendencia de la previsional”, apuntó MMM tras calificar el proyecto como “el aguará (zorro) cuidando del gallinero”.
Las explicaciones del proyectista, senador Derlis Maidana, quien fuera gobernador de Misiones y diputado colorado cartista, no convencen desde el momento que existe descreimiento hacia la clase política y el gobierno, que hasta ahora no brinda garantía ni seguridad ni atención a la salud y la educación poblacional.
La falta de coherencia en las acciones de los senadores cartistas en especial, como así también los diputados de HC, crea un halo de desconfianza hacia la verdadera intención del gobierno de Peña.
El uso de la fuerza, a la luz pública, es una prueba de que este gobierno no tiene en sus planes buscar el bien común ni trabajar por el crecimiento y el desarrollo del país.
Ante esta incertidumbre que envuelve a la población a causa del desatino y la falta de gobernanza para alcanzar la paz social, las autoridades nacionales deben iniciar acciones, en base a planes razonables, por el bien de la patria.
Lamentablemente, el episodio reciente frente al Congreso es un atropello no solo a los jubilados sino a la ciudadanía paraguaya.
Con estas acciones que socavan los cimientos de la nación queda demostrado que los poderes fácticos detrás del poder de la República son los que gobiernan el Paraguay.
Ante este panorama, la ciudadanía tiene el derecho de exigir garantía a la democracia con justicia, igualdad, libertad y honestidad en el manejo del país. Es un deber ético cumplir el certero mensaje que dieron los obispos del Paraguay en Caacupé.