El intendente de Santaní, Mehde Safuán, fue imputado por una rapiña deG. 1.700 millones de la merienda escolar, pero sigue libre como los 37 titulares comunales denunciados por el mismo delito. Ahora el Gobierno quiere dar nuevamente sumas colosales a los peores administradores de esos fondos.
En vez de estar presos purgando sentencias por latrocinio agravado, intendentes municipales y gobernadores serán premiados nuevamente por el Gobierno con la entrega de 250 millones de dólares destinados a la merienda de 1.300.000 niños del país, como parte de un programa oficial que busca alimentar al 100 por ciento de los escolares.
“Todo lindo, pero entregar otra vez plata en enormes cantidades a los intendentes municipales, especialmente, nos parece un chiste de mal gusto, teniendo en cuenta los antecedentes de latrocinios en cadena, algunos de ellos de tintes escandalosos, que han venido acumulando en todos estos años los titulares comunales, lejos de la vara de la justicia”, disparó este lunes una madre de familia tras enterarse por la prensa acerca del proyecto de Gobierno dado a conocer por el propio presidente Santi Peña.
“Otra vez intendentes más ricos y alumnitos más desnutridos. Eso es con seguridad lo que nos espera con este proyecto que va a entregar generosamente los miles de millones precisamente a los mayores depredadores de esos fondos, que son los intendentes”, añadió otra mamá indignada, que se suma al descontento generalizado sobre el manejo de los millonarios recursos.
La Contraloría General de la República (CGR) abunda en casos de denuncias de latrocinio de fondos de la merienda escolar por parte de los titulares comunales, que al menos en un 90 por ciento están comprometidos gravemente con hechos de corrupción en el manejo de la alimentación escolar, especialmente a través de negociados con familiares y correligionarios que significan en la práctica sumas colosales de dinero esquilmado a la educación que pasan así a engrosar las cuentas corrientes privadas de las autoridades corruptas, entre ellas las empresas arteramente adjudicadas, la mayoría sin mérito alguno para encargarse de la nutrición de niños en edad de crecimiento, esencial para el aprendizaje.
“El presidente de la República seguramente está informado del problema de la merienda escolar, que hasta el momento apenas ha llegado al 5 por ciento de las necesidades, por lo cual mal haría en otorgar nuevamente un cheque en blanco a los intendentes para manejar a placer la gran cantidad de dinero”, opinó en la red social Antoliana Pujol, madre de familia de dos niños que acuden a una escuela de Itauguá.
De acuerdo a los datos, el Gobierno maneja un proyecto que busca controlar desde la hora cero el manejo de los fondos de la merienda escolar haciendo una trazabilidad total, de manera a descubrir cualquier hecho irregular, como se sospecha que habrá en gran cantidad.
“Al mismo tiempo, el Gobierno debe pedir al Congreso leyes que incrementen las penas para las autoridades culpables de robar fondos de la merienda escolar, entre ellos directores cómplices e incluso docentes, que echan mano de productos destinados exclusivamente a la alimentación de los educandos”, apuntó por su lado Angelina Soto, madre de tres menores que asisten a una escuela pública de San Estanislao, departamento de San Pedro.
Pese a las sumas colosales rapiñadas por autoridades de gobernaciones y municipalidades, ni un solo gobernador o intendente acusado con pruebas y evidencias ha sido hasta el momento sentenciado a penas carcelarias, o siquiera alguna otra sanción establecida en el Código Penal para este tipo de delitos agravados, lo cual da la pauta de la impunidad generalizada con que recaudan esas autoridades a costa de niños escolares con necesidades reales.