Esquema de ecocidio implementado impunemente por los invasores de Pindó, quienes venden los valiosos árboles depredados a las industrias madereras de la zona y obtienen ganancias espurias millonarias, ante la mirada pasiva de las autoridades y ONGs, en un lugar donde el Estado es una fantasía.
Las 260 familias de invasores de la estancia Pindó en la zona de Ybyrarovaná se dedican a variadas actividades delictivas, entre ellas el hurto de ganado denunciado por estancias vecinas, el cultivo de marihuana y la tala indiscriminada de bosques de la reserva natural que les reditúan al menos G. 60 millones por hectárea depredada, si se tiene en cuenta que cada añoso árbol de especie protegida tiene un costo aproximado de 10 millones de guaraníes, y en 1 hectárea se calculan al menos 6 de estas valiosas especies que son tumbadas sin consideración por los usurpadores de la propiedad privada, que en sus reivindicaciones públicas de tierra alegan la condición de pobreza, pero fotografías obtenidas por La Mira de la propiedad invadida muestran viviendas con acondicionadores de aire y antenas satelitales, camiones, tractores, centenares de motos, y otras comodidades esquivas a verdaderos necesitados.
“Con un promedio de 2 hectáreas deforestadas por día obtienen fácilmente más de 100 millones de guaraníes de parte de las industrias madereras de la zona. Ese dinero es obtenido ilegítimamente, y encima violando normas internacionales de protección a la naturaleza con total impunidad, ante la ausencia total del Estado”, afirmaron propietarios de Pindó.
También se dedican a la fabricación de carbón en grandes cantidades, que salen sin ninguna restricción de la propiedad invadida a bordo de grandes camiones que cruzan campantes frente a la propia comisaría del lugar, cuyos agentes observan impasibles la rutinaria escena.
Luego de que los dueños de Pindó realizaran todas las denuncias correspondientes y de haber mostrado todas las pruebas en imágenes y documentos pertinentes, tanto el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), expediente de mesa de entrada Nº 164043 del 3 de diciembre de 2013, y memorándum del Departamento de Asuntos Judiciales Nº 2513/14, como el Instituto Forestal Nacional (Infona) se han llamado a silencio, sin atinar siquiera sus autoridades y técnicos a honrar sus salarios realizando diligencias administrativas con vistas a frenar el ecocidio, sino apelando a pretextos como la imposibilidad de ingresar a la estancia por la violencia demostrada por los invasores.
El Indert, por su lado, ha dictado todo tipo de Resoluciones y emitido Dictámenes de rechazo de las pretensiones del grupo campesino de legalizar la usurpación, e incluso ha enviado técnicos forestales, agrícola y poblacionales a la propiedad, procediendo a revisar de toda la extensión del establecimiento, concluyendo que la propiedad está racionalmente explotada y que las áreas forestales no pueden ser objeto de adjudicación para la reforma agraria debido a que son áreas de reservas boscosas, a más de la vigente Ley de Deforestación Cero.
Pese a todo, los campesinos operan impunemente un aserradero al aire libre durante las 24 horas del día, según se pudo apreciar a través de un sobrevuelo de dron, que también detectó deforestación con alta tecnología y maquinarias.
“Nosotros no terminamos de preguntarnos si esos invasores son realmente campesinos sin tierra, quiénes están realmente detrás del negocio del rollotráfico, y por qué el gobierno se hace del ciego, sordo y mudo para no intervenir ante las criminales acciones perpetradas en el lugar”, expresó la abogada de Pindó, Margarita Colmán.