Cristina Goralewsky, presidenta de Infona. La institución pública reacciona tarde y pide intervenir en Pindó, donde durante todo el tiempo de invasión han sido depredadas más de 2.107 Ha. de bosques protegidos e irrecuperables, con tremendo impacto ambiental.
Después de más de dos largos años de abusos forestales con daños incalculables y perjuicios irrecuperables por parte de invasores de la estancia Pindó, el Instituto Forestal Nacional (Infona) a cargo de Cristina Goralewski da señales de vida y mediante un oficio remitido por la abogada María Gloria Ramírez a la fiscalía zonal de Curuguaty alega estar interesada en ampliar la denuncia presentada en noviembre de 2018 debido a nuevos datos que evidencian el festival de depredación boscosa en el lugar divulgado con lujo de detalles por la prensa y que durante todo este tiempo pasó desapercibido para las instituciones correspondientes y las organizaciones no gubernamentales (ONGs) que pululan en el país sin hacer nada.
Infona refiere en el documento correspondiente que, a partir de las 9,92 hectáreas de monte decapitado en el 2004, en el 2019 la superficie depredada ascendió a más de 2.107 hectáreas, con lo cual evidencia fehacientemente el esquema de saqueo violento de valiosos recursos naturales practicado por supuestos campesinos sin tierra que desde el 2012 se mantienen atrincherados en la propiedad privada con el soporte político e ideológico de senadores de la nación, entre ellos Hugo Richer, Sixto Pereira y el propio Pedro Santa Cruz, quien oficia al mismo tiempo de juez y parte en su condición de presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Congreso Nacional, con voto cantado a favor de los invasores.
La estancia Pindó cuenta con todas las documentaciones de pertenencia legal, dominio y explotación racional.
Los campesinos ocupantes -convertidos hoy día en empresarios que venden la madera prohibida por valor de entre 60 y 70 millones de guaraníes semanales- con la ayuda de sus amigos parlamentarios alegan que la propiedad en cuestión se trata de tierras malhabidas y, por lo tanto, sujetas de invasión y depredación, despreciando olímpicamente el ordenamiento constitucional que regula la tenencia de tierras en Paraguay.
Con el argumento de que “todo lo público es de los campesinos”, el grupo radicalizado de supuestos labriegos se ha atrincherado en Pindó, donde ha erigido un bastión inexpugnable a punta de armas de fuego y amenazas de muerte a mansalva.
En ese lugar, donde la Policía es simple número para la estadística presupuestaria y cada tanto oficia de “mirón” sin animarse a intervenir, se practica una variedad de actividades ilegales en medio de la absoluta impunidad, como por ejemplo el abigeato, el cultivo de marihuana y el abuso de niños, según denuncias filtradas de personas anónimas que alegan haber sido invitadas para asociarse y tener tierra propia, pero cayeron en la trampa sin posibilidad de dar marcha atrás.
Los propietarios de Pindó cuentan en su haber con 5 órdenes de desalojo, nada menos, que la Policía de Canindeyú afirma sistemáticamente no poder concretar debido a la falta de personal y patrulleras, equipos, logística y otro montón de pretextos que, según se comenta, tendría un fuerte condimento político.
En todo este tiempo el Estado paraguayo ha dado parte de ausente en Pindó, que, por tanto, se ha convertido en territorio liberado para actividades ilícitas, donde los invasores mantienen la violencia como emblema, negándose categóricamente al debido proceso legal que requiere la tenencia o usufructo de la propiedad privada, ante el riesgo no asumido por los políticos de que la situación atenta contra el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de la república del Paraguay.